El eterno opositor de la política tradicional llegó finalmente a ser elegido popularmente como el presidente de la República de Colombia en 2022. Dejó de ocupar su posición de ferviente crítico del Gobierno para ser ahora quien lo dirige, esperanzado de poder realizar los cambios materiales que defendía desde que se estrenaba en la vida política como militante del M-19.
Sin embargo, desde entonces, el plan mesiánico de Gustavo Petro Urrego ha encontrado varios obstáculos. A pesar de gozar de la investidura más alta y digna dentro de la estructura del gobierno colombiano, muchos de sus proyectos no han podido ni siquiera ser iniciados, siendo detenidos por el sistema de contrapesos o el principio de separación de poderes que está impregnado en la parte orgánica del Estado.
Ansioso de no poder realizar los milagros prometidos en campaña, ha culpado a la rama legislativa y judicial de entorpecer los pasos de gigante que quiere dar. Por eso, frases como la de “No dejan gobernar” se volvieron eslogan de los adeptos del régimen actual. Pero no contento con esto, en su interno, profundo y terco convencimiento de que es él y sólo él quien puede rescatar a Colombia de sus desgracias, persiste en averiguar cómo ejecutar sus planes. Recientemente escogió su nueva estrategia preferida: una Asamblea Nacional Constituyente.
El solo hecho de mencionarla le causa a muchos colombianos un sentimiento de temor e incertidumbre. Dicha inseguridad no se origina sólo por pensar en la posibilidad de que el actual gobierno busque la iniciativa de sustituir o modificar la Constitución Política hoy vigente, sino de que hay una generalizada confusión en lo que se pretenda con ella. Se han lanzado algunas pistas, pues el jefe de Estado utiliza frecuentemente términos propios del derecho constitucional como “el Poder Constituyente” y sugiriere algunos puntos que podrían ser incluidos dentro de la discusión democrática.
Petro ha sido irresponsable en emplear ignorantemente esas palabras técnicas para referirse a la modificación de la Constitución, por lo cual ya son varios juristas, como Rodrigo Uprimny, los que tratan de juntar pistas para determinar lo que el mandatario quiere concretamente. Por ejemplo, afirma que no busca sustituir la carta, lo cual es especialmente problemático si se emplea el medio de una Asamblea Nacional Constituyente en el sentido que él la usa, pues podría tener la competencia de sustituirla total o parcialmente. No parecen ser coherentes los medios con los fines.
Estas contradicciones llevan a preguntarse lo siguiente: ¿Se pretende modificar o sustituir la constitución? ¿Usará los medios que la misma carta política da? Si se elige el camino de la Asamblea Nacional Constituyente, según lo establecido en el artículo 376, para formar la asamblea se debe tramitar una ley en el Congreso de la República definiendo la eventual competencia de la asamblea; dicha ley deberá ser sometida a estudio por parte de la Corte Constitucional, y finalmente una tercera parte del censo electoral debe dar su ratificación para decidir si se le da vida o no a la asamblea. Es notorio cómo el jefe de Estado tendría un camino turbulento para llegar a sus objetivos, pues en ninguno de los pasos habría piso firme.
Primero, en el Congreso de la República el gobierno ha sufrido varias decepciones, ya que rara vez obtienen las mayorías requeridas. Segundo, si la ley llegara a tramitarse, la constitucionalidad de ésta debe ser estudiada por la Corte Constitucional, la cual ha frenado varios de los proyectos gubernamentales de Petro, como cuando declaró la inconstitucionalidad de los decretos legislativos por la situación en la Guajira o la inexequibilidad de la ley que creó el Ministerio de la igualdad. Tercero, en la votación, se tendrían que obtener más de 13 millones de votos (que corresponden a una tercera parte del censo electoral actual) para llevar a cabo la Asamblea, lo cual representa 2 millones de votos más de los que Petro recibió en las elecciones presidenciales del 2022.
Suponiendo que lograra repetir el apoyo de esos 11 millones de votantes, ¿cómo va a obtener 2 millones de votos más cuando la imagen del mandatario ha caído notablemente desde que inició su presidencia? ¿Cómo va a lograr las mayorías en el congreso? ¿Podría la ley pasar el riguroso estudio de la Corte Constitucional?
Así como un preocupado Petro seguramente ya ha pensado en estas inquietudes, es igual de seguro afirmar que él mismo ya se ha respondido angustiosamente que una Asamblea Nacional Constituyente no es factible actualmente.
¿Cuáles medios utilizaría entonces? El referendo constitucional también necesita de una aprobación electoral amplia y el presidente no ha hecho alusión a los actos legislativos. ¿Buscará en lo que le falta de gobierno una Asamblea Nacional Constituyente que no siga el trámite trazado por la constitución? ¿Tendrá la competencia de sustituir la hoy vigente?
Se ha discutido hasta ahora el medio por el cual buscaría sus metas, pero en la parte sustancial se encuentran problemas más graves aún. El jefe de Gobierno ha empleado varias veces el término “Poder Constituyente”: dentro del derecho constitucional, se entiende que dicho término se refiere al poder del cual todo el pueblo colombiano es titular para formar una constitución. Ese poder se concreta en los representantes que el electorado escogería para formar una Asamblea Nacional Constituyente. Al crear esta asamblea, la “norma de normas”, respecto de su contenido debe haber un acuerdo generalizado. Es decir, la correcta redacción de una Constitución no puede representar la ideología de una sola parte de la sociedad, es fundamental que todos los sectores políticos tengan derecho a participar.
¿Estará el jefe de Estado de acuerdo con la doctrina constitucional? En numerosas ocasiones ha dicho que efectivamente todo el conglomerado social debería participar en lo que sería una eventual constituyente, ¿pero estaría dispuesto a aceptar en ella a todos sus contradictores? La duda es pertinente tomando en cuenta que rechazó el apoyo de Germán Vargas Lleras para “su” constituyente. Eso es exactamente lo problemático: no se puede hablar de “la Constituyente de Gustavo Petro”; lo único que haría el jefe de Gobierno es promover la constituyente, pues debe ser el pueblo quien elija a quienes lo van a representar. No es correcto que se rechace a Vargas Lleras (o a cualquier otro político), el único legitimado para hacerlo es el pueblo organizado mediante elecciones.
Pareciera que incluso lo problemático no es la promoción de una Asamblea Nacional Constituyente, sino cuánto quiere el presidente interferir en ella.
Petro ya ha empezado a incidir en lo que sería la asamblea: recientemente ha propuesto algunos puntos para discutir, como el ordenamiento territorial y el cambio climático. Son puntos perfectamente válidos, muchos doctrinantes están de acuerdo con que la regulación constitucional del ordenamiento territorial es nefasta y desarrollar el tema del cambio climático entraría en consonancia con los problemas mundiales actuales. Si bien vendría beneficioso volver a hablar de estos temas en la constitución, ¿estaría Petro de acuerdo con que estos temas sean debatidos por los representantes que el pueblo escoja? ¿Incluso si es Vargas Lleras? ¿O tendría el irracional afán de dejar su firma en la constituyente? ¿No descansará hasta dejar plasmada su visión en la norma de normas? El ego del presidente nos podría responder fácilmente esta pregunta: a Petro no le interesa exactamente que estos temas se regulen en la constitución, le interesa que su palabra sea la que los regule.
Su ego nos permite igualmente inferir su creciente frustración: su imagen ideal de Colombia no se puede materializar porque el sistema de contrapesos lo ha limitado legítimamente, sus reformas no han prosperado por razones legales, y aun así Petro insiste en que no se le quiere dejar gobernar. De su desespero se explica que proponga modificar o sustituir la constitución, pues al hacerlo podría influir en ella para que el sistema presidencial colombiano se refuerce y hacer que pueda gobernar más libremente.
El peligro de la constituyente propuesta es que detrás de ella están los delicados sentimientos del mandatario. Teniendo esto en cuenta, podría promover una constitución que le permita gobernar sin los obstáculos que lo han frenado hasta ahora. Preocupa pensar, por ejemplo, en lo que le gustaría hacer con la Corte Constitucional. Se ha demostrado ya cómo sus proyectos sufren de vicios constitucionales que la corte ha identificado juiciosamente; por esto es válido preguntarse si le interesaría limitar la competencia de la Corte frente a algunos asuntos. La Corte Constitucional, aunque ha tomado decisiones que no son del agrado de todos, como la del aborto o la prohibición de deducción de regalías del impuesto de renta, ha sido uno de los triunfos de la constitución del 91 y un ejemplo para la jurisprudencia constitucional mundial, por lo cual sería decepcionante limitarla ahora.
El ejemplo de la Corte Constitucional es tan solo uno de muchos supuestos que se podrían discutir dentro de una Asamblea Nacional Constituyente, y hablar sobre casos hipotéticos no sobra. Aunque ha propuesto los temas que podría tener la constituyente, lo cierto es que su palabra no es confiable, muchos más temas pueden entrar. Petro dejó tallado en mármol en 2018 que no buscaría llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente, y hoy no puede evitar proponer una. También ha negado muchas veces que esté buscando una reelección, pero poco valor tiene la palabra de un mentiroso. Tal vez Petro no entienda lo que implica realmente lo que propone, pues buscar promover una Asamblea Nacional Constituyente debe ser para que el pueblo plasme un acuerdo generalizado, no se debe dar por los berrinches del presidente de la República.